En México, la rápida digitalización de empresas, dependencias gubernamentales y la vida diaria de las personas ha abierto grandes oportunidades, pero también ha traído riesgos cada vez más complejos y difíciles de ignorar.
De cara a 2026, el país se enfrenta a una decisión crucial: reforzar seriamente su seguridad digital o asumir las consecuencias de amenazas que pueden afectar la economía, los servicios críticos y la confianza de la sociedad.
En este contexto, México se encuentra en un momento determinante para fortalecer su estrategia de ciberseguridad, especialmente tras el anuncio del Gobierno federal sobre la creación de un Plan Nacional de Ciberseguridad y una posible Ley General que regule esta materia.
Estas iniciativas, impulsadas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), buscan dar respuesta al crecimiento acelerado de los ataques digitales que hoy impactan tanto al sector público como al privado.
Si bien el anuncio ha sido recibido de forma positiva, varios especialistas coinciden en que llega con cierto retraso. Durante años, la digitalización de servicios, trámites y operaciones empresariales avanzó a mayor velocidad que las capacidades de protección. El resultado: brechas importantes en la seguridad de la información y en la defensa de sistemas críticos que hoy exigen una acción más clara, coordinada y urgente.
Desafío de la Ciberseguridad en México
México atraviesa uno de sus momentos más complicados en materia de ciberseguridad. De acuerdo con distintos análisis del sector, los ataques digitales no solo van en aumento, sino que también son cada vez más sofisticados.
Amenazas como el ransomware, el phishing y el robo de credenciales siguen encabezando la lista, provocando impactos económicos importantes que en muchos casos, se traducen en pérdidas de millones de pesos por un solo incidente.
Este riesgo se ve amplificado por el alto nivel de adopción tecnológica en el país. Hoy, prácticamente todas las grandes empresas y una gran parte de las pequeñas y medianas dependen de internet para operar día a día. Si bien esto impulsa la productividad y el crecimiento, también amplía de forma considerable la superficie de ataque, lo que obliga a implementar medidas de seguridad mucho más sólidas y coordinadas.
Además, especialistas en seguridad digital advierten que los ataques dirigidos al sector público podrían intensificarse en los próximos meses. Las principales causas suelen repetirse: debilidades internas, falta de controles técnicos adecuados y una gestión de riesgos que no siempre está a la altura del contexto actual.
Avances institucionales: Pasar de reaccionar a prevenir
Uno de los puntos más relevantes del plan impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) es el cambio de enfoque: dejar atrás una estrategia basada únicamente en reaccionar ante incidentes y apostar por la prevención. Para lograrlo, se plantea la creación de estructuras clave, como un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad y un CSIRT nacional, enfocados en atender incidentes, emitir alertas tempranas y evaluar riesgos de forma continua.
Sin duda, este planteamiento representa un avance importante para la ciberseguridad en México. Sin embargo, su efectividad dependerá de algo fundamental: que venga acompañado de una definición clara de responsabilidades, procesos de coordinación bien establecidos y mecanismos de seguimiento que aseguren que las acciones no se queden solo en el papel.
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Falta de Regulación y Estándares Obligatorios en Ciberseguridad
Una de las principales críticas al proyecto tiene que ver con la falta de claridad en los roles y responsabilidades. Si bien el marco propone la participación de dependencias gubernamentales, organismos coordinados, iniciativa privada y academia, no termina de definir sanciones ni mecanismos claros de rendición de cuentas. Esto deja demasiadas preguntas abiertas sobre quién responde y cómo se mide el cumplimiento.
A esto se suma otro punto sensible: aunque se promueve el uso de estándares internacionales de seguridad como referencia, su adopción no sería obligatoria. En la práctica, esto podría llevar a que muchas organizaciones se conformen con niveles mínimos de protección, claramente insuficientes frente a amenazas cada vez más sofisticadas y automatizadas.
La experiencia internacional demuestra que hay caminos que funcionan. Países como Chile han logrado avances importantes combinando normas técnicas obligatorias, auditorías independientes y sanciones bien definidas. Este tipo de enfoque podría servir como una referencia sólida para reforzar la estrategia de ciberseguridad en México.
Presupuesto: Un paso adelante, pero todavía insuficiente
El presupuesto asignado a la ATDT para 2026 representa un avance respecto a años anteriores, pero sigue siendo limitado si se analiza a fondo. Estos recursos no están destinados exclusivamente a ciberseguridad, lo que reduce el impacto real de las acciones frente al tamaño y la complejidad del riesgo digital actual.
En otros países, la inversión en ciberseguridad se concentra de forma más específica en áreas clave como la protección de infraestructura crítica, la detección temprana de amenazas, la formación de talento especializado y la colaboración estrecha con el sector privado. Todas estas siguen siendo áreas de oportunidad importantes para México en su camino hacia una postura de seguridad más sólida.
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El reto legal y las capacidades técnicas pendientes
Si bien en México ya existen figuras penales relacionadas con delitos informáticos, la persecución efectiva de ataques complejos sigue siendo baja. La falta de capacitación especializada en áreas judiciales, forenses y de investigación limita la capacidad del Estado para responder adecuadamente a incidentes que involucran redes internacionales o sistemas críticos.
Por eso, el verdadero desafío de la ciberseguridad en México no pasa únicamente por crear nuevas leyes o anunciar planes ambiciosos. El reto está en desarrollar capacidades técnicas, operativas y humanas que permitan ejecutar esas estrategias de forma real, medible y sostenida en el tiempo.
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