La propuesta de aumentar el IVA del 16% al 20% a partir de 2026 está generando debate en todo el país. Pero más allá de la conversación fiscal, hay un punto crítico que pocas personas están analizando: esta digitalización forzada llega en un país profundamente vulnerable al fraude bancario, al robo de identidad y a la falta de protección real para usuarios. Antes de hablar de pagos electrónicos obligatorios, México necesita seguridad digital, educación y garantías mínimas para no exponer a la población.
A continuación, te explicamos por qué esta reforma, tal como está planteada, podría convertirse en un riesgo económico y social para millones.
Un país que empuja a la digitalización… pero sin blindaje contra fraudes
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por Pepe Merino, busca justificar el aumento del IVA con tres argumentos: recaudar más, disminuir el uso de efectivo y acelerar el uso de pagos electrónicos.
El problema es que México no es Europa ni Estados Unidos. Aquí:
- Los bancos no están obligados a reembolsar fraudes
- No existen fondos de compensación para víctimas
- No hay seguros obligatorios para usuarios
- La mayoría de los delitos financieros quedan impunes
Cada año, los mexicanos pierden más de 80 mil millones de pesos por clonación de tarjetas, phishing, apps falsas y estafas digitales. Y aun así, la responsabilidad recae completamente en el usuario.
Si el efectivo sube al 20% de IVA y se incentivan pagos digitales sin protección, ¿quién va a absorber las pérdidas cuando lleguen los fraudes?
La respuesta actual es brutal: tú mismo.
Una transición digital que pondría en riesgo a los más vulnerables
La unidad de investigación de SILIKN, advierte que ningún país debería impulsar una reforma fiscal basada en pagos digitales sin antes garantizar:
- Seguros obligatorios contra fraude bancario
- Fondos estatales de apoyo a víctimas
- Reembolsos automáticos
- Certificaciones mínimas de seguridad en apps
- Alfabetización digital real
- Infraestructura de conectividad suficiente
Nada de esto existe actualmente.
Por eso, esta digitalización sería forzada, desigual e insegura, cargando el riesgo sobre quienes menos pueden asumirlo.
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La realidad no miente: casi la mitad del país no tiene servicios financieros digitales
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024:
- 47% de los adultos no tiene cuenta bancaria.
- Muchísimos más no tienen apps de pago.
- Miles de negocios pequeños no cuentan con terminal, señal o infraestructura.
En mercados, transporte público, tianguis y zonas rurales, el efectivo no es un capricho, es la única opción disponible. Elevar el IVA sin considerar esta desigualdad haría que las personas más pobres paguen proporcionalmente más por lo básico.
La brecha digital: millones no tienen smartphone, datos o conectividad
A la falta de inclusión financiera se suma la brecha tecnológica. Cifras del INEGI y Coneval señalan que:
- 30 millones de personas no tienen un smartphone funcional
- Millones más viven sin acceso estable a internet
- Los adultos mayores siguen sin capacitación digital
¿De qué sirve impulsar los pagos electrónicos en un país donde millones todavía no tienen señal en su casa?
Para estas personas, el aumento del IVA no es una medida fiscal: es un castigo directo.
Impacto inflacionario inmediato y riesgo de que crezca la informalidad
Estudios del Banco de México y del CIEP estiman que el aumento del IVA provocaría una inflación adicional de 3.2% a 3.6% solo durante el primer año.
Gastos básicos subirían de forma inmediata:
- Transporte
- Higiene
- Medicinas no exentas
- Alimentos procesados
Y en los hogares de bajos ingresos, donde 80% del dinero se va a bienes gravados, el impacto sería devastador.
Además, lejos de reducir la informalidad, esta reforma podría incrementarla. ¿Por qué? Porque más personas buscarían esquivar el impuesto con ventas informales, pagos en efectivo bajo acuerdo y microeconomías fuera del radar fiscal.
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¿Se necesita realmente subir impuestos? Existen alternativas millonarias
El gobierno asegura que esta medida podría recaudar entre 320 mil y 380 mil millones de pesos.
Sin embargo, análisis independientes muestran algo aún más revelador: esa cantidad podría obtenerse simplemente eliminando privilegios de funcionarios y gastos superfluos.
Las medidas más efectivas incluyen:
- Eliminar vales, seguros privados, celulares y viajes a legisladores: 32 mil millones.
- Cancelar pensiones futuras para exfuncionarios: hasta 6 mil millones.
- Reducir salarios y prestaciones de altos mandos: 110 mil millones.
- Reducir viáticos y vender vehículos de lujo: más de 80 mil millones.
- Extinguir fideicomisos opacos: 50 mil millones.
En total: entre 400 mil y 441 mil millones, más que lo que generaría subir el IVA.
Y todo esto sin tocar el bolsillo de los ciudadanos.
Un país vulnerable a los ciberfraudes no puede digitalizarse de forma obligatoria
Las cifras son claras: México tiene una exposición altísima al fraude digital, infraestructura desigual y una población que aún depende del efectivo. Obligar el uso de pagos electrónicos sin blindar primero el ecosistema financiero sería una irresponsabilidad que pondría en riesgo a millones.
Esto no es modernización, es trasladar la carga fiscal y la inseguridad digital a quienes menos pueden defenderse.
En TecnetOne lo hemos repetido una y otra vez: la digitalización debe llegar acompañada de protección, educación y políticas públicas que realmente protejan al ciudadano. No al revés.