A partir del 9 de enero de 2026, México dará un giro radical a la forma en que compras y activas una línea telefónica. Lo que antes podías hacer sin mostrar nada, ni identificación, ni comprobante, ni CURP; ahora será impensable. La nueva regulación obliga a que todas las líneas móviles, incluso las de prepago, estén vinculadas a una persona física o moral mediante documentos oficiales.
En teoría, el objetivo es combatir extorsiones, secuestros virtuales y fraudes telefónicos. Pero cuando miras el panorama completo, lo que aparece es un escenario mucho más complicado: un país donde millones de datos personales ya han sido filtrados por las propias operadoras y donde los criminales han migrado hace años a herramientas que esta regulación simplemente no toca.
Desde TecnetOne queremos ayudarte a entender lo que realmente significa este cambio y por qué, lejos de resolver un problema, abre otros igual de graves.
Durante décadas, México fue uno de los pocos países donde podías comprar una tarjeta SIM en cualquier tienda y activarla sin entregar tus datos. Esa práctica alimentó el mercado de líneas desechables, sí, pero también protegía tu privacidad en un entorno lleno de fugas de información.
Con los nuevos lineamientos de la CRT, ese anonimato desaparece. Para activar cualquier línea deberás entregar:
Las líneas actuales deberán regularizarse antes de junio de 2026 o serán suspendidas. No habrá excepciones.
En teoría es una medida de seguridad. En la práctica, es la creación de un registro distribuido de información personal administrado por empresas privadas con un historial preocupante.
La CRT asegura que las operadoras: Telcel, AT&T, Movistar y otras; manejarán los datos bajo los mismos estándares que aplican a servicios pospago. Pero aquí está el verdadero problema:
Millones de datos quedaron expuestos:
Y ahora esos mismos actores van a guardar tu identificación oficial, tu CURP y la información de tus líneas activas.
¿El gobierno? Se deslinda. La responsabilidad es exclusivamente de las operadoras.
Si ocurre una nueva filtración, y sabemos que es cuestión de tiempo, las consecuencias pueden incluir:
Justo lo que esta regulación decía querer resolver.
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En 2021, el gobierno intentó implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Incluía datos biométricos y una base central controlada por el Estado. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional por ser invasivo y peligroso.
Los nuevos lineamientos dicen evitar ese camino:
Pero eso no elimina el riesgo; solamente lo privatiza. En vez de exponer tu información por un error gubernamental, ahora dependes de empresas que ya demostraron no poder proteger datos básicos.
Y si un hacker accede a una base de datos de una operadora, obtiene no solo tu número, sino tu identidad completa.
Aquí está la verdad que pocos mencionan: las extorsiones ya no dependen de SIM mexicanas.
Los criminales migraron hace años a:
Puedes registrar todas las SIM del país y aun así no moverás ni un milímetro las capacidades reales del crimen organizado.
Las llamadas de extorsión seguirán llegando. Los fraudes continuarán. Las suplantaciones aumentarán. Solo quien ya era usuario legítimo perderá privacidad y tranquilidad.
El gobierno dice que los operadores validarán tus documentos contra bases oficiales. Pero el robo de identidad en México está completamente fuera de control y el mercado negro de credenciales es enorme.
Esto significa que cualquier delincuente puede:
Y tú solo te enteras cuando:
Para entonces, demostrar que no eres tú es un proceso largo y frustrante.
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Aunque suene como un avance, la medida no aborda los problemas fundamentales de la telefonía y comunicación delictiva en México:
Es una política pensada para el México de 2008, no para el México de 2026.
La CRT insiste en que este registro “restablecerá la confianza” en la telefonía móvil. Pero la confianza no se decreta: se construye.
Y se construye demostrando que puedes proteger los datos que ahora obligas a recolectar.
Hoy, millones de personas tendrán que entregar información sensible a empresas que han fallado repetidamente en proteger datos básicos. Y lo harán a cambio de una promesa que no ataca la raíz del problema.
Desde TecnetOne lo vemos así: Si el gobierno quiere hablar de seguridad, primero debe hablar de ciberseguridad. Y sin operadores confiables, no habrá un sistema de registro seguro.
El registro obligatorio de SIM llega como una apuesta arriesgada donde tú entregas más información, pero recibes muy poca protección a cambio.
Sí, el anonimato en la telefonía desaparece.
Sí, la trazabilidad mejora, en teoría.
Pero los delitos que esta política quiere frenar no dependen ya de la infraestructura que busca controlar.
Mientras tanto, tú entregas tus datos a un sector con un historial frágil, en un país que cada año supera sus propios récords de filtraciones.
En TecnetOne creemos que la conversación real debería comenzar por otro lado: cómo fortalecer la ciberseguridad de quienes custodiarán esta información y cómo proteger al ciudadano en un ecosistema criminal que evoluciona más rápido que la regulación.
Hasta que eso suceda, el registro obligatorio será solo eso: obligatorio, no necesariamente seguro.