El agua es uno de los recursos más importantes para la vida y el funcionamiento de la sociedad. Pero en México, este recurso esencial enfrenta una amenaza silenciosa y creciente: los ciberataques a organismos operadores de agua. Lo que antes se percibía como un problema de empresas privadas o bancos, ahora golpea a sistemas que garantizan servicios básicos como el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales.
En los últimos años, múltiples organismos en el país han sufrido filtraciones masivas de datos y ataques de ransomware que comprometen tanto la privacidad de millones de ciudadanos como la continuidad de servicios críticos. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, la respuesta gubernamental ha sido lenta, insuficiente o incluso inexistente.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en Agua de Puebla, donde más de 738,000 registros de clientes fueron expuestos. Los datos comprometidos incluían nombres completos, domicilios, correos electrónicos, números de teléfono y fechas de nacimiento. A esto se sumaron más de 650,000 registros de facturación, con información sensible sobre consumos, adeudos y contratos.
Con este nivel de detalle, los delincuentes tienen todo lo necesario para ejecutar fraudes, suplantaciones de identidad y campañas de extorsión dirigidas.
Otros organismos, como SIAPA Jalisco y SEAPAL Puerto Vallarta, también fueron blanco de filtraciones masivas. En conjunto, más de 1.2 millones de usuarios resultaron afectados. La información filtrada incluía desde datos fiscales hasta consumos específicos, abriendo la puerta a fraudes financieros y chantajes a gran escala.
En julio de 2025, Agua y Drenaje de Monterrey fue víctima de un ataque en el que un ciberdelincuente robó alrededor de 50,000 recibos de clientes (19 GB de información) y los publicó en la dark web tras exigir un rescate de 10,000 dólares. Los datos comprometidos incluían RFC, domicilios y otra información personal crítica.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también ha sido atacada en múltiples ocasiones. En 2023, el ransomware BlackByte paralizó servidores centrales y oficinas regionales, dejando inactivos sistemas durante más de 80 días. A esto se sumaron irregularidades en contratos de ciberseguridad por casi 30 millones de pesos y graves deficiencias en controles internos.
La falta de protección llevó a la suspensión de trámites administrativos e incluso a la negativa de responder solicitudes de transparencia, alegando que sus sistemas estaban comprometidos.
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Más allá de los incidentes puntuales, existen vulnerabilidades críticas que ponen en jaque a estas instituciones. Un ejemplo es la CVE-2024-38063, una falla en el protocolo TCP/IP de Windows que permite la ejecución remota de código. Clasificada con una severidad de 9.8 en la escala CVSS, esta vulnerabilidad afecta a más de 53,000 equipos en México, incluidos servidores de Conagua.
El problema es que el código de prueba de concepto ya circula en foros de Telegram, lo que facilita que cualquier atacante con conocimientos básicos pueda explotarlo si los parches no se aplican a tiempo.
A esto se suma la circulación de nuevas variantes de troyanos de acceso remoto (RAT), como Remcos, que se han detectado en organismos de agua en Cajeme, Atlixco, Toluca, León y Zacatecas. Estos troyanos permiten a los atacantes tomar control total de un sistema, robar credenciales y manipular operaciones.
Cuando hablamos de un ataque a una institución de agua, no se trata solo de un robo de datos. Estamos frente a un riesgo que puede impactar de forma directa en la vida cotidiana:
En otras palabras, un ciberataque exitoso contra estos sistemas no solo roba información, sino que pone en riesgo la seguridad nacional.
Una de las mayores preocupaciones es la ausencia de planes de respuesta sólidos por parte de las instituciones gubernamentales. Aunque México cuenta con marcos regulatorios y organismos de ciberseguridad, la realidad es que la implementación en sectores estratégicos como el hídrico sigue siendo débil.
Los casos recientes muestran que la reacción suele ser tardía, sin protocolos claros de comunicación a los ciudadanos afectados y con una tendencia a minimizar los incidentes. Esto genera desconfianza y deja expuesta a la población a fraudes y extorsiones.
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Los operadores de agua deben tratar sus sistemas como infraestructura crítica y adoptar medidas avanzadas de protección:
Gran parte de los ataques comienzan con errores humanos, como abrir un correo de phishing. La capacitación constante de los empleados es fundamental para reducir riesgos.
Las instituciones deben trabajar de la mano con empresas especializadas en ciberseguridad, como TecnetOne, para implementar estrategias de prevención y respuesta a incidentes.
Adoptar soluciones probadas en la industria, como las de nuestros partners de Acronis, que combinan protección de datos, ciberseguridad avanzada y recuperación ante desastres en una sola plataforma.
La ciberseguridad en el sector hídrico mexicano no puede seguir siendo un tema secundario. Los incidentes recientes en Agua de Puebla, Jalisco, Monterrey y Conagua son una llamada de atención: el agua es un objetivo de alto valor para los ciberdelincuentes.
En TecnetOne creemos que proteger estos sistemas es proteger la vida de millones de mexicanos. Por eso insistimos en que los organismos operadores de agua y las autoridades tomen medidas inmediatas para blindar esta infraestructura crítica.
La próxima gran crisis no será solo de sequía o contaminación, sino también de ciberseguridad hídrica si no actuamos a tiempo.